jueves, 29 de abril de 2010

El Salvador y su historia








El Salvador y su historia

COPILO. MsD. Walter Alfaro

Datos generales:
El Salvador es el país más pequeño y el más poblado de la región centroamericana. Su extensión territorial abarca 20741 km2 y su población es de poco más de 6 millones de habitantes. Se calculan 255,5 habitantes por km2. Sólo en la capital del país, San Salvador, vive un millón.
Limita al norte con la República de Honduras, al oeste con la de Guatemala y al sur con las costas del Océano Pacífico. De acuerdo a la Constitución de 1983 el país se divide política y administrativamente en 14 departamentos agrupados en tres zonas: occidental, central y oriental.

El Salvador es un país de jóvenes y mestizos. El 50% es menor de 16 años y el 85% de mestizos. El 10% de la población es blanca y solo el 5% está compuesta por algunos núcleos indígenas que han sobrevivido a las masacres a lo largo de la historia.
El índice de natalidad es de 3.5% anual. De acuerdo al censo de 1971 se estima que "de cada 100 nacidos vivos 115 morían antes de cumplir un año de edad".1 La deficiencia nutricional y las enfermedades infecciosas son causas de la mortalidad debido a la falta de servicios médicos y a los niveles extremos de miseria en que vive la mayoría.

El 40.3% de la población mayor de 10 años es analfabeta. Según los datos del sindicato magisterial ANDES 21 de Junio, se estima que alrededor del 1,4% de la población no tiene escuela. La población adulta analfabeta en el campo alcanza el 67% y en las zonas más apartadas alcanza cifras aún más alarmantes.2

La concentración de la tierra ha sido un elemento de conflicto constante desde la conquista española hasta la actualidad.

De acuerdo a Camacho y Menjívar, la propiedad de la tierra es la siguiente: El 1.5% de las fincas tiene un promedio de 302.5 hectáreas de extensión; estas fincas equivalen al 49.3% de todas las tierras cultivables. Estas fincas pertenecen a propietarios o arrendatarios. Como contrapartida, el 48.9% de las fincas posee el 4.8% de la superficie cultivable, con extensión de 5 hectáreas promedio. Este dato señala las posibilidades económicas y políticas: un 1.5% de los propietarios agrícolas está controlando la mitad de las tierras cultivables en El Salvador.

Desde 1932 la oligarquía salvadoreña depositó el poder político en el ejército por lo que el país estuvo regido durante más de 47 años por gobiernos militares, quienes accedieron a él por procesos electorales fraudulentos o por seis golpes de estado (1931, 1944, 1948, 1960, 1972 y 1979). El país vivió en este periodo dos breves momentos de apertura política: de mayo a octubre de 1944, con la destitución del poder de Hernández Hernández y con la Junta de Gobierno Revolucionario de octubre de 1960 a enero de 1961.
A partir de la formación de organizaciones campesinas y obreras van surgiendo otras agrupaciones de carácter político militar que con los años van definiendo sus perfiles.




De los orígenes al tiempo de la colonia

Durante la colonia, la estructura de la tenencia de la tierra se fue modificando. Con el despojo de los indígenas de sus tierras y la concentración de las mismas en pocas manos, se originó una nueva forma de producción denominada la hacienda.La hacienda fue el germen de los grandes latifundios que en la actualidad sigue vigente.
La forma de trabajo comunitario indígena. Los indios fueron repartidos a los hacendados para quienes debían trabajar y pagar un tributo a su encomendero, el que tenía la obligación de enseñarles la religión cristiana y brindarles una instrucción de acuerdo a las Leyes de Indias. Este dictamen de la Corona no fue respetada. Los indígenas fueron obligados a trabajar para un hacendado prolongadas jornadas de trabajo a cambio de una remuneración abyecta. Recibían una mala alimentación, fueron víctimas de maltratos físicos, opresión y discriminados.
Hacia el siglo XIX aparecieron otras formas de extorsión y de impuestos fiscales. Además del pago de tributo en especie de productos del agro o manufactureros a las autoridades españolas, existió la habilitación que era un préstamo de dinero que los jornaleros recibían en proporción al valor de las cosechas o el trabajo a realizar. Por otra parte, la iglesia católica cobraba diezmos y primicias y el fisco la alcabala. Además de estas formas de extorsión económica, la esclavitud5 fue una forma de dominio total todavía después de haber alcanzado la independencia española.
La agricultura siguió siendo la base fundamental de la economía y con la introducción de nuevos métodos e instrumentos de producción como son al arado y el uso de bestias de tiro y de carga, se incursionó el cultivo de seda, cáñamo y lino.
Los cultivos estuvieron determinados por la demanda del mercado exterior. En el siglo XVI se exportó cacao y bálsamo que fueron sustituidos en el siglo XVIII por la explotación del jiquilite o añil. Ante el creciente consumo europeo del añil, en 1750 El Salvador aumentó su volumen de producción convirtiéndose en un país monoexportador y abastecedor del mercado mundial hasta 1880, fecha en que se descubre el colorante artificial, la anilina.

El aumento de la producción de añil requería de grandes extensiones. La población indígena salió muy afectada pues sin tierra, sufría la escasez del alimento que no podía cultivar.


Independencia y disolución de la Federación Centroamericana

En 1841 El Salvador se declaró República Federal Independiente. El grupo menos favorecido siguió siendo el indígena. Roque Dalton señala que la situación de este sector no cambió en lo más mínimo con la independencia ya que los criollos y los mestizos desempeñaron el papel de explotadores. "Las masas indígenas bien pronto cayeron en la cuenta de que lo único que había cambiado eran las personas de los amos."












Entre los años de 1832 y 1833 y bajo el lema "tierra, medio de producción y libertad", hubo una rebelión indígena como respuesta a la usurpaciones de tierras, al reclutamiento militar forzoso y al incremento de impuestos. Las comunidades nonualcas dirigidas por Anastasio Aquino, antiguo jornalero de una hacienda añilera, se levantaron en armas logrando tomar las ciudades de Zacatecolutla y San Vicente. La rebelión motivó a otros sectores y de 3000 hombres el ejército de los nonualcos llega a sumar 10 000.7 Anastasio Aquino fue sorprendido por las fuerzas del ejército y fusilado en San Vicente el 21 de abril de 1833.


La larga historia del Café

Antes de que la exportación del café tomara gran importancia en los mercados europeos y norteamericanos, este grano se producía en pequeñas cantidades.
Para impulsar su producción, los gobiernos salvadoreños exentaron a particulares interesados en el cultivo de pago de impuestos y del servicio militar.
Como incentivo a la producción cafetalera, el general liberal Gerardo Barrios transfirió en 1859 haciendas públicas. La primera modificación a la forma de propiedad se dictó en febrero de 1881 con la Ley de extensión de comunidades decretando la abolición de propiedad de tierras. De igual forma en 1882 las tierras ejidales son expropiadas.
Aunque en 1872 el añil alcanzó el precio más alto en su historia, las exportaciones de café a California se duplicaron en 1877; de 5 381 sacos ascendieron a 10 545. En 1879 la exportación del café superó la del añil, representando el 48% de los ingresos totales del ramo de exportaciones.

Los hacendados y oligarcas fueron concentrando la propiedad de la tierra11 y se fueron adueñando de la economía nacional. Liberales y conservadores pertenecían a este sector privilegiado y desde el poder hicieron transformaciones para su beneficio: reformación al sistema de tenencia de la tierra, liberación de la mano de obra y creación de cuerpos represivos.
Con el despojo los campesinos se vieron obligados a vender su fuerza de trabajo en el campo, a migrar a las ciudades o a trabajar en las plantaciones bananeras en Honduras. Para reclutar, controlar y garantizar que la mano de obra no "escapara" de la región, se creó la Ley sobre jornaleros y de jueces agrícolas.12 En 1889 se creó la policía rural en los departamentos cafetaleros y en 1912 la Guardia Nacional. Esta última instancia va a jugar desde su creación un papel represivo a lo largo de la historia salvadoreña junto con la Guardia Civil.
Los principales interesados en el cultivo del café fueron el sector cafetalero y los migrantes europeos que arribaron al país entre 1869 y 1872 y fundaron compañías exportadoras, controlaron el mercado y parte de los créditos.
Cuando en la segunda década del siglo XX los precios del café empezaron a declinar, el control quedó completamente en manos del sector cafetalero ya que los campesinos que aún no habían sido afectados por la Ley de expropiación, tuvieron que vender sus tierras comunales. El sector cafetalero además de poseer las tierras controlaba las distintas ramas económicas del país, era propietario de la banca. La modernización requería construir obras de infraestructura.


En 1908 e construyeron vías ferroviarias para articular las zonas cafetaleras con el puerto de Acajutla. Para tener una rápida comunicación entre la zona oeste con el este del país15 se construyó sobre el río Lempa el "Puente de oro". Los financiamientos y las inversiones norteamericanas fueron desplazando a los ingleses. La alianza con la oligarquía y con la burguesía agrícola fue la política que los Estados Unidos siguió para expandir su dominio político y económico en la región.16 También se nota un crecimiento en la actividad artesanal y se incrementa el comercio interior. Es en esta época donde surgen las primeras organizaciones gremiales y sindicales, la Universidad Popular y el Partido Comunista Salvadoreño.


Golpes y dictaduras militares

Con la agudización de la crisis económica mundial de 1929 los precios del café sufrieron una fuerte decaída. Las haciendas cafetaleras disminuyeron la producción, generando desempleo masivo y empobrecimiento del campesino. La crisis y la cercanía a las elecciones presidenciales dio pie a que los afectados buscaran canales de expresión incitando a la movilización y a la organización popular.
Arturo Araujo, accede al poder en 1931 por medio de las únicas elecciones libres que haya conocido el país.17 La crisis mundial y el descontento social al no ser cumplidas las demandas, fueron aprovechados por el grupo dominante más conservador para manipular. Un golpe militar lo destituyó y su lugar fue ocupado por el general Maximiliano Hernández Martínez que dura trece años. "Con él comienza una de las dictaduras más violentas que América Latina haya conocido y desde entonces los gobiernos militares se han sucedido hasta nuestros días."

El desbordamiento popular en 1932 hubo debido a la cancelación de la segunda ronda electoral, en las que participa el Partido Comunista Salvadoreño (PCS) provocó un desbordamiento popular. Obreros, campesinos, artesanos, estudiantes y profesionales se levantaron en armas para exigir el derrocamiento de la dictadura y mejores condiciones de vida. La insurrección fue brutalmente reprimida por la Guardia Nacional y por las organizaciones de la burguesía cafetalera llamadas Guardias Cívicas. Farabundo Martí, primer secretario general del PCS, es fusilado y se calcula que junto con él aproximadamente entre 30 a 40 mil campesinos sufrieron el mismo destino.

A partir de la masacre la represión aumentó; las organizaciones democráticas fueron destruidas casi en su totalidad, los partidos políticos fueron declarados ilegales, los canales de expresión clausurados, el movimiento de la población controlada mediante las "Cédulas de Defensa Patriótica Nacional". Además se crearon instancias represivas para "guardar" y vigilar el orden público, sellando así un pacto entre la oligarquía y la estructura militar. Las luchas del poder vinculadas directamente a los proyectos políticos se realizaron dentro del aparato de gobierno.
Desde 1932 el aparato militar se instauró en el poder y las fuerzas armadas se fueron profesionalizando. Este periodo marcó también el inicio de la descomposición del grupo en el poder repartido entre dos sectores: los militares y la oligarquía cafetalera. La perspectiva de la oligarquía más conservadora estaba dirigida hacia el interior del país, se orientaba en mantener un capitalismo agrario basado en el control de la propiedad de la tierra. La otra tendencia se inclinaba de manera más favorable hacia los vínculos económicos militares fuera del país.20 Los conflictos dentro del ejército se repartieron entre la parte militar más conservadora y entre los jóvenes militares "rebeldes" que apoyaban ciertos cambios sociales bajo la dirección de las fuerzas armadas.





Para impedir la reelección por tercera vez de Hernández Martínez un grupo de militares, representantes de los grupos medios y una fracción de la burguesía industrial, pactaron una alianza para sublevarse contra su gobierno. La sublevación cívico-militar del 2 de abril de 1944 fue controlada y algunos de sus principales dirigentes fueron fusilados. Seguido a este acto, grupos de estudiantes, obreros, artesanos y con el apoyo del sector terrateniente sostuvieron una huelga general de brazos caídos logrando paralizar casi todo el país y destituir a Hernández Martínez del mando el 7 de mayo de 1948.

Los gobiernos que se sucedieron fueron impuestos por golpes militares o por fraudes electorales dando pie a una fase de lucha partidista en el poder. Asimismo se inicia la fase del desarrollo económico por parte de la burguesía industrial.


Industrialización

En esta década los países centroamericanos establecieron tratados bilaterales de libre comercio. Antes de firmar el Tratado General de Integración Centroamericana, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) auspició un Tratado General de Integración Centroamericana, el que intentaba realizar una planificación regional para buscar la integración de la industria en la región, limitar las inversiones extranjeras y buscar el crecimiento económico de los países de forma equilibrada.22 Esto desfavorecía la política de expansión por lo que un la firma del Tratado, en diciembre de 1960, estos puntos fueron ignorados.
Aunque en los primeros años de haber entrado en acción el Mercado Común Centroamericano el producto interno bruto se incrementó, no logró solucionar los problemas de la mayoría.
Como la mano de obra salvadoreña no fue absorbida la población migra a Honduras pero las dificultades en que encontraba este país debido a las desventajas del desarrollo industrial, a la deuda externa y a los conflictos limítrofes entre El Salvador y Honduras, ocasionaron fricciones. Se hace campaña contra los productos salvadoreños, los trabajadores migrantes tuvieron dificultades para ser contratados, se congeló el capital salvadoreño invertido en Honduras. El otorgamiento de propiedades de tierras hecho por la reforma agraria, decretada en 1962, obligó a 100 mil residentes salvadoreños a regresar a El Salvador. Ante este acto las autoridades salvadoreñas rompieron relaciones con las de su país vecino23 desatándose en julio de 1969 una guerra conocida como la guerra de las "cien horas" o como la "guerra del futbol". El enfrentamiento armado entre ambos países llevó al fracaso rotundo del Mercado Común Centroamericano.
Como se ha señalado anteriormente, El Salvador es un país agrícola. De acuerdo al censo de 1960, la población económicamente activa era de un millón 365 mil 522, de estos un millón 139 mil 314 eran trabajadores agrícolas, de los cuales cien mil 971 eran menores de quince años. Sólo 48 mil 421 eran trabajadores permanentes. 266 mil 181 eran trabajadores urbanos, de los que 26 mil 584 eran obreros y 87 mil 835 artesanos.



La tierra estaba distribuida de la siguiente manera: el 4.10% de personas concentraban el 67.28% mientras que el 32.72 estaba distribuida en el 95.90% de la población. Otro fenómeno que aumentó el desempleo del sector agrícola fue el ocio de la tierra; el 53.1% estaba sin cultivar.24 Estas cifras vienen a confirmar la hipótesis de Cabarrús quien afirma que cuando el campesino no puede seguir siendo campesino, se hace revolucionario.25 El sector campesino, eminentemente religioso irá vinculando su fe y su lucha política convirtiéndose en dos elementos inseparables. En 1965 surge la Federación Cristiana de Campesinos (FECCAS) impulsada por obreros de la Unión Nacional de Obreros Cristianos (UNOC).


El retorno de los salvadoreños de Honduras y el deterioro de vida de los sectores populares, significaba para el Salvador engrosar las filas de desempleados, de campesinos sin tierras y enfrentarse al descontento acumulado y en ebullición.


ANDES 21 de Junio

No sólo campesinos y obreros vivían situaciones de miseria, los maestros también. Lo que llevó al sector magisterial a organizarse fueron los bajos salarios, el empobrecimiento y el descontento de los trabajadores de la educación debido a la carencia de prestaciones y a la creación de nuevas medidas del Sistema Nacional de Retiro, que establecía como requisito para la jubilación de los trabajadores del estado haber cumplido 40 años de servicio y contar con 60 años de edad.

En 1964 surgió la asociación magisterial ANDES 21 de Junio. Bajo el lema "por la dignidad del Magisterio", los maestros salvadoreños hicieron una serie de actividades y movilizaciones callejeras para exigir solución a sus demandas. Junto con la Asociación de Profesores Normalistas de Secundaria (APNES) y la Unión de Maestros Salvadoreños (UMS) integraron el Comité Coordinador Pro Derechos del Maestro.26 El 21 de junio de 1965 las calles son llenadas por más de 100 mil maestros combatientes, dispuestos a exigir el cumplimiento de sus demandas. Después de haber obtenido su personería jurídica (21 de junio de 1967) ANDES 21 de Junio hace un paro de labores por dos semanas y en febrero de 1968 una huelga magisterial que dura 50 días. Como forma de frenar la consolidación del movimiento magisterial que iba despertando admiración y apoyo departe de otros gremios, los maestros fueron destituidos o transferidos a otras regiones. Aunque la huelga se levantó habiendo logrado sus reivindicaciones, el gobierno encarceló a cientos de huelguistas y la Guardia Nacional asesinó a dos de sus dirigentes. La represión y la violencia en lugar de debilitar la combatividad logró incorporarlas de forma masiva a la lucha organizada. Los profesores, afirma María Eugenia Toledo, iban comprendiendo que el problema no era exclusivo de ellos sino que los demás (obreros y jornaleros) vivían una explotación de miseria más aguda.

Los maestros se ven representados en ANDES 21 de Junio. Para la huelga nacional que convocará nuevamente en demanda de aumento salarial y reformas a la Ley de Escalafón, 11 mil 884 maestros de todo el país hicieron paro durante 55 días. La ola de huelgas que se desataron choferes urbanos, obreros textiles, trabajadores de aseo público y las dos de ANDES 21 de Junio van a contribuir al fortalecimiento de la oposición que lucha con todas sus fuerzas por ser representada dentro del Estado.









La lucha contra el "comunismo" y la "Ayuda" al Desarrollo

Las organizaciones sociales y sindicales ocupan las calles en demanda a solucionar los agobiantes problemas de vida. En 1960 las manifestaciones estudiantiles son ametralladas y las capturas y encarcelamientos van en aumento.

La Universidad Nacional fue allanada y su rector Napoleón Rodríguez Ruiz encarcelado. Los empleados públicos, sospechosos de confabular en contra del régimen fueron destituidos.
El 26 de octubre de 1960 Lemus pierde el poder en manos de un movimiento cívico militar pero tras tres meses de haberse instaurado la Junta de Gobierno, que legalizó las organizaciones políticas y sociales, el 25 de enero de 1962, la Junta es depuesta y sustituida por un Directorio Cívico Militar (enero 1961 a las elecciones del 1o. de junio de 1962).
El triunfo de la revolución cubana despertó arrojo y la actividad se intensificó. En cambio, a los grupos de poder, un país socialista con tantas similitudes y tan cerca les generó pavor. Para evitar que el país se infestara de comunistas, se puso en marcha la política de contrainsurgencia, no nada más en El Salvador sino en toda América Latina, al mando, apoyada y solventada con preocupación por el gobierno de los Estados Unidos.
En marzo de 1963 los seis Jefes de Estado y el presidente norteamericano John F. Kennedy conferenciaron en Costa Rica para ponerse de acuerdo. El fin era coordinar en la región aparatos de seguridad para combatir el comunismo en América Central.28 Este programa contra la subversión fue financiada por el Departamento de Estado de los EEUU, de los Green Barrets, de la CIA y de la Agencia Interamericana para el Desarrollo, AID.
La oferta del norte a los Jefes de Estado fue hacer instituciones de seguridad ofreciendo su apoyo en la instrucción profesional. Los miembros fueron formados en escuelas militares norteamericanas o en Panamá integrándolos más tarde a las estructuras de los aparatos de control. Se crearon instituciones de "seguridad militar" y de servicios secretos como la Organización Democrática Nacionalista (ORDEN), organización paramilitar y la Agencia Nacional de Seguridad Salvadoreña (ANSESAL), servicio secreto que mantenía estrecha comunicación con el resto de las paramilitares de Centroamérica; ambas dirigidas por el general Alberto Medrano.
De las anteriores se originaron otras más de nombre "escuadrones de la muerte".ORDEN empieza su labor anticomunista. En principio afilió campesinos, a quienes se les recompensaba con ofertas de trabajo y seguridad personal, pero en la medida en que van adquiriendo conciencia revolucionaria se dividen y algunos se van convirtiendo en los miembros del ejército y los aparatos de seguridad "encargados de las acciones de limpieza". ORDEN tenía en cada comunidad espías que controlaban todos los movimientos de la población, pero al tiempo que los cuerpos de control se fueron profesionalizando, el movimiento popular también se fortalecía, surgiendo en la década de los 70 los primeros grupos guerrilleros.




Como parte del proyecto expansionista norteamericano se preparó un programa de impulso económico para contribuir al crecimiento de los países latinoamericanos. La "Alianza para el Progreso" permitiría sacar del "atraso" a los países latinoamericanos, pero para ello era necesario realizar reformas en el campo, prestaciones a los trabajadores, como eran gozar de un día de asueto, brindar una dieta alimenticia en especie o en efectivo y obtener rebajas de los alquileres donde vivían llamados "mesones", etc.
La "ayuda" norteamericana vendría a sacar de la ruina al país en que la oligarquía lo había dejado. Estados Unidos y el ejército cumplirían esta finalidad siempre y cuando se normalizara la situación política y se formara un gobierno constitucional.
El Directorio Cívico Militar dejó de tener vigencia y el 1o. de junio de 1962 y el coronel Julio Alberto Rivera se convirtió en presidente constitucional por parte del nuevo partido oficial: el Partido de Conciliación Nacional (PCN).

Fraude electoral y radicalización de la resistencia

La consolidación de la hegemonía y política de los militares y de la oligarquía y la aparición de organizaciones político-militares y los frentes revolucionarios de masas son dos aspectos que marcan la década del setenta.

En las elecciones de 1972 el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), la Unión Democrática Nacional (UND) y el Partido Acción Renovadora (PAR) se alían y forman la importante alianza Unión Nacional Opositora (UNO) para contrarrestar el poder al partido oficial,. Una de sus exigencias era realizar una reforma agraria y restaurar las libertades políticas. El candidato de la UNO era el ingeniero Napoleón Duarte, representante del PDC y como vicepresidente Guillermo Manuel Ungo, por parte del MNR.
Una vez más se ponían en evidencia la posibilidad de realizar elecciones limpias en el país. Aunque las cifras de la votación evidenciaban el triunfo de la UNO, los datos oficiales, hicieron triunfador al candidato del partido oficial al coronel Arturo Molina. Como protesta al fraude más de 400 mil personas se concentraron durante cuatro días en la Plaza de la Libertad para exigir la anulación de las elecciones; se convocó a una huelga general y el 25 de marzo de 1972 un grupo de jóvenes oficiales intentaron una acción golpista. Se decretó estado de sitio y durante el mes y medio que estuvo en vigencia fueron asesinadas 25 personas diariamente.
Los espacios legales de la lucha se fueron cerrando y los dirigentes de la oposición fueron perseguidos. El enfoque social que la Universidad de El Salvador había efectuado a los programas de algunas carreras era considerado como un serio peligro. Para cancelar el espacio político del ámbito universitario y dar fin a los programas de extensión académica dirigida a campesinos, obreros y zonas marginadas, las fuerzas armadas la intervinieron el 19 de julio. Por haberse convertido en "nidos de comunistas" es clausurada. En el allanamiento fueron capturadas 800 personas entre ellas el rector y el director de la Facultad de Medicina quienes fueron expulsados del país. Para frenar la radicalización, a la Asociación General de Estudiantes Universitarios (AGEUS) se le despojó de su personería jurídica y se creó la policía universitaria.






Los estatutos a la Ley Orgánica de la Universidad se modificaron y se redujo la población estudiantil. En noviembre de 1976 fue cerrada nuevamente por el lapso de seis meses suprimiéndole la autonomía.
A raíz de la masacre de la Plaza de la Libertad (20 de febrero de 1977) surgen las Ligas Populares 28 de Febrero (LP-28) integradas por simpatizantes de la Democracia Cristiana, agrupaciones de las Ligas Populares Campesinas (LPC), Ligas Populares Obreras (LPO) y por los Comités de Barrios y Colonias.

El fraude electoral y el cierre de los espacios políticos ejercidos a través de la violencia puso en claro que las elecciones no eran la vía para acceder al poder y desde ahí realizar transformaciones estructurales de la sociedad salvadoreña.37 Para las elecciones de 1977 se intensifica aún más la represión y se cierra de cualquier espacio relacionado con la política.


Proyecto de Transformación Nacional y Fraude electoral

Perteneciente al grupo a favor de la diversificación y modernización de la estructura productiva, el coronel Molina, durante su periodo de gobierno (19721977) efectúa la "Transformación Nacional". Las metas económicas estaban encaminadas a aumentar la productividad y elevar la competencia de los productos salvadoreños fuera del área centroamericana, expandir el mercado interno y disminuir el desempleo.38 El impulso del crecimiento económico del Estado pretendía también buscar que el capital extranjero regresara nuevamente al país. La difícil situación se reflejaba en la deuda pública externa, la que pasó de 63.7 millones de colones en 1960 a 243 millones en 1971.
Como parte del proyecto de Transformación Nacional el grupo militar en el poder veía la necesidad de modificar la estructura de la propiedad de la tierra para asegurar su permanencia. Este fue el punto de fricción más álgido entre el grupo militar y la oligarquía exportadora quien no estaba de acuerdo en introducir modificaciones con las que pudiera salir perjudicada. Para defender sus intereses organizan el Frente Agropecuario de la Región Oriental (FARO) y más tarde la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) que actuó contra el proyecto de reforma agraria.

Este grupo hacía su trabajo independiente del gobierno y cuando estuvo más sólido fundó la paramilitar "Unión Guerrera Blanca"40 conocida por ser un "escuadrón de la muerte".
Seguridad y desarrollo eran conceptos de Molina por lo que la institución militar fue ocupando cargos públicos claves: los Ministerios de Defensa y Trabajo, la Dirección de la administración Nacional de Telecomunicaciones, la Secretaría Privada de la Presidencia y el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria.


El sector más conservador salió triunfante y la Ley de Transformación Agraria conocida como ley del ISTA fue derogada. Con la cancelación de la reforma la corriente modernizadora se debilita y los opositores en el gobierno oficial (PNC) y del grupo militar ganan hegemonía. El ex-ministro de defensa, general Carlos Humberto Romero es propuesto candidato a la presidencia en las elecciones de 1976.

Para repudiar el nuevo fraude, la Plaza la Libertad es ocupada por las multitudes y por la UNO. Las protesta de entre 40 mil y 60 mil personas43 fueron silenciadas por la masacre de las tropas del ejército. Del 1o. de marzo al 30 de junio de 1977 el país vive en estado de sitio.




Con la Ley de defensa y garantía del orden público cualquier signo de organización era automáticamente condenado como acto en contra del orden público. La arbitrariedad, la paralización por de las nuevas restricciones y las medidas decretadas impedían cualquier tipo de actividad y la vida de cualquier persona que cayera en manos de los cuerpos de seguridad estaba en peligro.
El descontento es callado por la persecución y desaparición "selectiva" de líderes. Con el fin de reducirle el espacio a la oposición se modifica el artículo 151 del Código Penal y el crimen político es visto como delito común.44 Los cambios al Código Procesal simplificaron los procedimientos para efectuar detenciones ampliando el espectro de circunstancias en las que se podía allanar sin orden judicial.

Represión y desbordamiento popular

Como forma de reconstruir su legitimidad, ganar representatividad de su gobierno y cambiar la imagen de degradación ante el gobierno norteamericano, el general Romero hizo un llamado a la unidad nacional, levantó el estado de sitio e invitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a visitar el país para que comprobara que en El Salvador no se violaban los derechos humanos.
Sin embargo, el Estado no fue capaz de negociar y mediatizar conflictos suscitados dentro y fuera del gobierno. La falta de táctica de negociación entre la burguesía y la mayoría llevó al Estado a enfrentarse a la oposición ilegal, que iba adquiriendo una progresiva habilidad organizadora. La falta de disponibilidad del Estado para favorecer a las masas aumentaron el descontento y las posiciones se fueron radicalizando.

En 1976 los paros y las huelgas proliferan. A raíz de las huelgas que impulsan la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS), la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Industria de Alimento, Vestido, Textil, Similares y Conexos de El Salvador (FESTIAVTSCES), la Federación Unitaria Sindical Salvadoreña (FUSS), se conforma la Confederación Unitaria de Trabajadores de El Salvador (CUTS).

Además de exigir mejoras salariales, los frentes protestaban contra la represión y exigían la liberación de presos políticos. La Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños (FECCAS) y la Unión de Trabajadores del Campo (UTC) encabezaron en abril de 1977 la toma de tierras en algunas haciendas. Los obreros, por su parte, estallaron 18 huelgas, 11 de las cuales tuvieron lugar entre agosto y noviembre. De diciembre de 1977 a febrero de 1979 se registraron 40 huelgas.

Para neutralizar el poder de convocatoria de los gremios se modifican los Códigos Penal y Procesal Penal. Con la introducción de la Ley de Defensa y Garantía del Orden Público promulgada el 24 de diciembre, cualquier acto público o de difusión de ideas contrarias al régimen se convertía en delito. Las nuevas leyes facilitaban a las fuerzas represivas hacer detenciones y allanamientos sin orden judicial y de legalizar la represión. La persecución no se limitó a los miembros de organizaciones populares, también miembros de la Iglesia católica y líderes fueron víctimas. Capturas y supuestas "desapariciones" fueron las actividades principales de las fuerzas represivas. En las cárceles clandestinas estuvieron muchas personas de donde casi nadie salió con vida.







Para contrarrestar la represión, en junio de 1978 surge la primera comisión salvadoreña de Derechos Humanos no gubernamental. A lo largo de este periodo se forma el Socorro Jurídico Cristiano de El Salvador "Arzobispo Oscar Romero", el Comité de Madres y Familias de Presos y Desaparecidos Políticos, el Comité de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas".
Las medidas cada vez más arbitrarias y restrictivas del gobierno no debilitaron la combatividad de protesta, por lo contrario, la desobediencia civil y la ruptura del orden público estallan. Continuaron tomando como rehenes a propietarios de empresas, capturaron y secuestraron a altos funcionarios, a oligarcas cafetaleros y a empresarios e industriales tanto nacionales como extranjeros para negociarlos con los miembros de sus organizaciones que habían caído en manos del ejército.50 También ocuparon locales de trabajos e iglesias. Para exigir la liberación de sus presos y protestar contra la violación de los derechos humanos tomaron las embajadas de Costa Rica, Panamá, Suiza, México y las oficinas de la Organización de las Naciones Unidad (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

La erosión del Estado se puso en evidencia cuando la oposición, en lugar de acudir al llamado del gobierno para formar el Foro Nacional, convocó a la formación de un Foro Popular. Partidos políticos como la UDN, el MNR y el PDC entre otros organismos populares y sindicales como FENASTRAS, FUSS, FESTIAVTSCES, la CTS, las LP-28 formaron el Foro Popular. La plataforma política de dicho Foro era el cese a la represión, la disolución de ORDEN y UGB, libertad de organización y de expresión, etc.
Con la agitación y ante el entusiasmo del triunfo de la revolución sandinista se aceleró la movilización y el número de desaparecidos siguió creciendo. Tres tendencias de las fuerzas armadas se van radicalizando ante la crisis del gobierno. La corriente conservadora rechazaba cualquier tipo de reforma y exigía la intensificación de la represión para eliminar toda oposición.
La segunda corriente estaba integrada por oficiales formados en Estados Unidos, defensores voluntarios de la doctrina de la seguridad nacional. Esta corriente quería imponer control de forma vertical por la corporación militar y compartía ejercitar la violencia para acabar con los movimientos reivindicativos independientes y con las agrupaciones populares ilegales.
La tercera era la llamada de los "militares democráticos" integrada por algunos miembros que participaron en el golpe de estado de 1972. Este grupo estaba en desacuerdo con los métodos de la jerarquía militar y apoyaba las posibles reformas.


La decadencia del presidente, la anarquía ingobernable y el descontento de los grupos del poder, un golpe militar preparado por la llamada Juventud Militar, depuso de su cargo al general Romero el 15 de octubre. El país se vuelve ingobernable y en cinco meses se sucedieron tres juntas de gobierno, las cuales no contaron con el apoyo de las organizaciones de masas.







Del golpe militar a la guerra civil
La Junta Revolucionaria de Gobierno estuvo integrada por representantes de las diferentes corrientes. Por parte de la oposición legal precedían la Junta los civiles, Guillermo Ungo, presidente del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) y el rector de la Universidad Católica Centroamericana "Simeón Cañas" (UCA) Román Mayorga; el representante del sector empresarial fue el ingeniero Mario Andino. Por parte del ejército fueron designados dos militares. El coronel Abdul Gutiérrez quien se pronunciaba a efectuar reformas controladas por el aparato militar y reprimir el movimiento popular para preservar el orden. El otro militar fue el coronel Arnoldo Majano, exponente de la Juventud Militar, representaba la corriente democrática.
La coexistencia de posiciones políticas divergentes y la fuerza desigual entre éstas generó una lucha interna que impidió cumplir con los lineamientos del programa de la Junta de Gobierno como eran: el cese a la violencia y a la corrupción, disolución de ORDEN, la garantía del respeto a los derechos humanos, realización de elecciones libres a corto plazo, apertura a partidos de diversas ideologías, amnistía general para exiliados y presos políticos, derecho de sindicalización para todos los sectores laborales y la transformación de la reforma agraria.

La Junta de Gobierno no contaba ni con el respaldo de los movimientos populares ni con el de los partidos incorporados al gobierno. Las organizaciones políticomilitares por su parte desconocieron al nuevo gobierno. Tampoco la represión ejercida por mano de una fracción militar y de los cuerpos de seguridad pudo ser controlada por la Junta.

Los sectores populares emprenden acciones de presión y el orden público es incontrolable. Los militantes del BPR ocupan los Ministerios de Trabajo y Economía reteniendo a 300 funcionarios, empleados y miembros de la Asociación de
Beneficiadores de Café (ABECAFE); el Sindicato de la Industria del Café dirige la ocupación de seis beneficios de café y miembros del Comité de Madres y Reos Desaparecidos Políticos se ponen en huelga de hambre.57 Las organizaciones continuaron sus acciones armadas: ajusticiamiento de miembros de ORDEN, secuestros de hombres importantes del país o extranjeros, estallidos a instalaciones públicas, tomas de radiodifusoras, etc.58 La Coordinadora Revolucionaria de Masas CRM convoca a huelgas paralizando el 70% de la actividad productiva. El ejército asesina a 138 obreros, captura a dirigentes de la UDN y de la CRM y a líderes de las LP-28 y se viola la autonomía del recinto universitario de la UCA en donde se masacra a la comunidad estudiantil.

Las organizaciones sociales estaban convencidas de que el golpe de Estado era un engaño y que había sido preparado y negociado entre las fuerzas armadas que anteriormente apoyaban la criminal política represiva del general Romero.
Las posiciones contrarias de la Junta llevó a la renuncia de miembros civiles el 2 de enero de 1980. La fracción reaccionaria de la Junta fue ganando terreno y el 3 de marzo de 1980 Napoleón Duarte es asignado parte de esta. "Rápido vino el pacto por separado entre Napoleón Duarte y los fascistas".El mismo día en que la Junta emitía la Ley de Reforma Agraria se instauró el estado de sitio militarizando los poblados de mayor influencia de izquierda. El PDC perdió toda su legitimidad y credibilidad y fue aislado políticamente. Tanto la derecha como la izquierda lo consideraban como su enemigo principal y como tal lo combatieron.





Los sectores más conservadores de la burguesía y del ejército recrudecieron sus acciones contra los miembros de agrupaciones populares independientes. Entre enero y marzo de 1980 las fuerzas de seguridad y las paramilitares habían asesinado a 600 personas, sumando 5 500 de víctimas en septiembre de ese mismo año. El procurador general Mario Zamora, miembro de la dirección demócrata-cristiana, es asesinado en marzo de 1980 por miembros de las paramilitares.


El arzobispo Oscar Romero recibe frecuentes amenazas de muerte y el 21 de marzo de 1980 es asesinado en medio de la celebración de una misa ante la presencia de cientos de feligreses. "Llegó a asumir posiciones definidas muy drásticas en contra de la intervención norteamericana, de los militares, del gobierno de Romero y se transformó en un verdadero líder, en un símbolo de resistencia, de lucha por la justicia social, por los cambios estructurales en el país".64 Monseñor Romero "no sólo aprueba el derecho de la gente para organizarse sino que además habla de que las organizaciones pueden llegar a ser la única alternativa política, rechaza también todo género de intervención y habla de la posibilidad de la insurrección ya que se han agotado otros medios. Aquí mismo lo sorprendió el martirio".65 Las personas que asistieron a las ceremonias fúnebres fueron también reprimidas, dejando un saldo de 50 muertos y 600 heridos.
Las organizaciones populares, FAPU, UDN y las LP-28 esquematizaron sus posturas forman la Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM). El 22 de enero la CRM realizó una manifestación en San Salvador con la asistencia de 100 mil personas y ocuparon 300 iglesias.
Paralelamente al crecimiento y consolidación de las organizaciones sociales se fortalecen las organizaciones político militar. Estos movimientos armados, cada uno con tendencias diferentes, tenían como meta toma el poder, en combinación con las luchas gremiales y la lucha revolucionaria. Así da comienzo el reclutamiento de sus cuadros guerrilleros.68
El debate de las organizaciones político-militar se inclinaban cada vez más a implementar la lucha armada. Con una concepción "foquista" surge en 1962 el Frente Unido de Acción Revolucionaria (FUAR). Su estrategia se basaba en desarrollar de forma paralela la lucha armada y de masas. A partir de las huelgas impulsadas por el sector integralista, se suscitaron conflictos entre los "foquistas", que asumieron una posición "sindicalista" y durante la guerra contra Honduras apoyaron al gobierno. Este hecho provocó la escisión de sus miembros y un grupo de obreros conforman en 1970 las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí (FPL). Esta es la primera organización guerrillera siendo su fundador Cayetano Carpio.
En 1971 con elementos cristianos de la pequeña burguesía surge el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), el cual, a raíz del asesinato del poeta Roque Dalton se dividirá entre 1973-74 dando origen al Ejército de la Resistencia Nacional (RN).69 El Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC) se crea en 1976 mayoritariamente con militantes del ERP. Juntos con el Partido Comunista salvadoreño, fundado en 1929, adopta en 1979 la vía por la lucha armada, se articula en el mes de octubre de 1980 el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).



La representación de la izquierda iba ganando terreno incluso en los sectores opositores intermedios. La efervescencia y el desbordamiento sociales llevaron a las fuerzas político-militares (que hasta ese entonces habían actuado de forma autónoma), a preparar una insurrección común. El 10 de enero de 1981 la convocan a la insurrección encaminada a la "victoria final".
El plan de la ofensiva del 81 tenía tres componentes: insurrección de las masas y huelga general; ataque a los principales cuarteles por parte del ejército insurreccional formado por los núcleos de la guerrilla urbana, suburbana, rural y milicia, y apoyo a la insurrección de militantes progresistas sublevados.
Aunque la huelga general y la insurrección convocadas por el FMLN y el Frente Democrático Revolucionario (FDR) no lograron su objetivo, se tomaron temporalmente varias capitales departamentales, ciudades y cuarteles del ejército y de la guardia nacional. Así mismo la Declaración Franco-Mexicana reconoce al FMLN como fuerza beligerante; el Movimiento de los Países no alineados hacen una declaración condenando cualquier intervención de fuerzas extranjeras en el país.

El gobierno de Estados Unidos se involucra en el asesoramiento y dirección del ejército salvadoreño y aumenta el apoyo económico y militar a la Democracia Cristina, implementando la estrategia de “guerra de baja intensidad”.
Las “retaguardias” del FMLN se reafirman y la lucha armada se desata con mayor intensidad en el área rural. Las condiciones entre ambos ejércitos eran muy diferentes: mientras el FMLN contaba con 3500 guerrilleros armados, las fuerzas armadas salvadoreñas contaban con 17 mil efectivos, de los cuales 7 mil eran de las fuerzas paramilitares.

El gobierno tenía la certeza de poder derrotar al ejército guerrillero en pocos meses. Sin embargo tuvieron que pasar doce años de violencia para que el conflicto armado pudiera concluir el 1o. de enero de 1992 al firmarse los Acuerdos de Paz entre el FMLN y el gobierno salvadoreño.










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